Inicio POLITICA Cristina Kirchner pidió a Casación que le quiten la tobillera y levanten...
La defensa de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó ante la Cámara Federal de Casación Penal que se retire la tobillera electrónica y se dejen sin efecto las restricciones impuestas sobre las visitas y el uso de la terraza en su arresto domiciliario, que cumple en su domicilio de San José 1111.
El planteo fue presentado por sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, quienes argumentaron que desde el 17 de junio de 2025 —fecha en que comenzó a cumplir la prisión domiciliaria— la ex mandataria respetó todas las condiciones impuestas por la Justicia. Según señalaron, gestionó los permisos correspondientes cuando fue necesario, incluso durante una internación de urgencia, y no registró incumplimientos a las reglas fijadas por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2).
El fiscal pidió rechazar el pedido
El fiscal ante Casación, Mario Villar, dictaminó que los recursos deben ser rechazados y que deben mantenerse las condiciones actuales del arresto domiciliario: el uso de la tobillera electrónica, los límites a las visitas y la restricción de dos horas diarias para acceder a la terraza.
La resolución quedó ahora en manos de la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. Hornos y Barroetaveña ya se pronunciaron en otras oportunidades en contra de planteos similares.
El origen de las restricciones
Las limitaciones más estrictas fueron impuestas luego de la reunión que Cristina Kirchner mantuvo con nueve economistas en su domicilio el 17 de noviembre pasado. La difusión de imágenes del encuentro derivó en nuevas medidas dispuestas por el juez de ejecución Jorge Gorini.
A partir de esa decisión se estableció:
Visitas únicamente dos días por semana.
Un máximo de dos horas por día.
No más de tres personas por encuentro.
Un listado reducido de personas autorizadas a ingresar sin permiso previo.
Un tope de dos horas diarias para salir a la terraza.
Los argumentos de la defensa
Beraldi y Llernovoy sostienen que la colocación de la tobillera electrónica “carece de fundamento fáctico y jurídico”, especialmente teniendo en cuenta que la ex presidenta cuenta con custodia policial permanente en la puerta de su domicilio.
También citaron el voto en minoría del juez Borinsky, quien consideró que no correspondía imponer el control electrónico por tratarse de una figura pública que siempre estuvo a derecho.
En cuanto a las restricciones sobre la terraza y las visitas, la defensa calificó las medidas como “arbitrarias” y sostuvo que constituyen un “castigo adicional” sin respaldo legal.
Con los dictámenes de la defensa y del fiscal ya presentados, la Sala IV de Casación quedó en condiciones de resolver el planteo.
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