La Justicia apura al Gobierno y le da cinco días para implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad

El juez federal Adrián González Charvay intimó al Estado a informar avances concretos y advirtió que la norma debe estar plenamente vigente antes del 4 de febrero, aun si sigue la apelación.

La Justicia volvió a poner contra las cuerdas al Gobierno nacional por la Ley de Emergencia en Discapacidad. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, intimó al Estado a informar en un plazo de cinco días el avance real y documentado de los trámites administrativos necesarios para cumplir la sentencia que ordena la implementación de la norma.

La resolución se dictó en el marco de un amparo colectivo iniciado por una madre en representación de sus hijos, junto a otros actores, al que luego se sumaron organizaciones civiles y prestadores del sector. El magistrado exigió que el Ministerio de Salud y los organismos involucrados acrediten con documentación concreta el estado del expediente administrativo y respondan de manera específica los planteos formulados por la parte actora, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Asesora de Menores.

Además, González Charvay fue categórico respecto de los plazos: la Ley de Emergencia en Discapacidad deberá estar en plena ejecución a más tardar el 4 de febrero de 2026, independientemente de lo que resuelva la instancia superior que actualmente analiza la apelación del Ejecutivo.

En su fallo, el juez recordó que la ley establece un plazo de 30 días para su reglamentación y tomó como punto de partida el 18 de diciembre de 2025, fecha en la que concedió la apelación del Estado con efecto devolutivo, es decir, sin suspender la ejecución de la sentencia. De ese modo, aclaró que el cronograma fijado no es arbitrario.

“La ley deberá estar en plena ejecución para el día 04/02/2026, sin perjuicio de lo que en definitiva resuelva el Superior”, señaló el magistrado.

El conflicto se originó cuando el Gobierno, tras verse obligado a promulgar la norma luego de que el Congreso rechazara su veto, dictó el Decreto 681/2025, mediante el cual suspendió su aplicación. El argumento oficial fue la falta de previsión de fuentes de financiamiento, una justificación que la Justicia ya consideró inválida.

El pasado 12 de diciembre, González Charvay declaró inconstitucional el artículo del decreto que frenaba la ley y sostuvo que el Ejecutivo había invadido facultades exclusivas del Congreso, violando el principio de supremacía constitucional. También calificó como “falaz” el argumento económico del Gobierno, al recordar que la propia ley habilita al Jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias para cubrir los gastos.

Pese a que el Ejecutivo apeló la decisión y el caso se encuentra bajo análisis de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, la sentencia sigue vigente y debe cumplirse. A comienzos de enero, la Procuración del Tesoro informó que había iniciado gestiones para implementar la ley, aunque advirtió que el proceso “llevaría tiempo”. Esa respuesta no conformó al juez, que ahora exigió precisiones y respaldo documental bajo apercibimiento.

La causa se da en un contexto crítico para el sector de la discapacidad. Durante el proceso judicial se incorporaron datos que muestran un fuerte desfasaje entre la inflación y los aranceles que perciben los prestadores. Entre diciembre de 2023 y mayo de 2024, los precios acumularon subas superiores al 114%, mientras que los valores de las prestaciones apenas aumentaron un 42,6%, lo que implicó una pérdida de poder adquisitivo cercana al 51%.

Esa brecha derivó en el cierre de instituciones y la interrupción de tratamientos esenciales. La Ley de Emergencia en Discapacidad apunta justamente a reforzar el financiamiento del Sistema de Prestaciones Básicas, incluyendo pensiones y aranceles.

Con la fecha límite cada vez más cerca, el Gobierno deberá demostrar en los próximos días que está cumpliendo con la orden judicial. La Justicia ya dejó en claro que la apelación no es excusa para seguir dilatando la implementación de una ley vinculada a derechos fundamentales.